1. Urbanismo
  2. Licencias y autorizaciones administrativas
  3. Expropiación forzosa
  4. Responsabilidad patrimonial de la administración
  5. Contratación administrativa
  6. Subvenciones públicas
  7. Recursos contencioso-administrativos
  8. Recursos administrativos: alzada / reposición / revisión

 

1. Urbanismo

El urbanismo es la disciplina y función pública que tiene como tiene por objeto la ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, del subsuelo y del vuelo, su urbanización y su edificación, y la regulación del uso, de la conservación y de la rehabilitación de las obras, los edificios y las instalaciones.

Es una disciplina muy antigua, que incorpora conceptos de múltiples disciplinas y un área de práctica y estudio muy amplia y compleja, tales como:

  • La asignación de competencias.
  • La definición de políticas de suelo y de vivienda y los instrumentos para ponerlas en práctica.
  • El régimen urbanístico del suelo.
  • El planeamiento urbanístico.
  • La gestión y la ejecución urbanísticas.
  • El fomento y la intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación.
  • La protección y la restauración, si procede, de la legalidad urbanística.
  • La formación y la gestión del patrimonio público de suelo con finalidades urbanísticas.

El urbanismo se encarga de diseñar el espacio público y los elementos que lo configuran; desde la escenografía edilicia al mobiliario urbano hasta la planificación urbana, que define el modelo de desarrollo de la ciudad; pasando por la gestión urbana, que define cómo se ejecuta lo planificado; y la disciplina urbanística, que asegura la legalidad urbanística mediante la intervención en la edificación y uso del suelo. 

Planeamiento urbanístico

La dimensión jurídica del urbanismo es muy importante, especialmente en su actividad de planificación urbana, ya que su ámbito de actuación incluye objetos con diferente status jurídico, como bienes comunales y propiedades públicas y privadas.

De esta forma, los planes urbanísticos quedan normalmente supeditados a un marco legislativo específico sobre la propiedad del suelo y los derechos de uso asociados a los distintos regímenes de propiedad. En cualquier caso, el plan urbanístico siempre tiene un contenido que va más allá de lo jurídico, pues incorpora los elementos técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales que definen un proyecto de ciudad.

Nuestros servicios jurídicos en esta materia se extienden también a la fase de formulación de alegaciones en la tramitación de los instrumentos de planeamiento

La gestión urbanística comprende el conjunto de prácticas que establecen la forma técnico-jurídica de ejecutar los Planes urbanísticos. Su objeto es explicitar y concertar las tareas de los diferentes actores en el proceso: administraciones públicas, propietarios, urbanizadores y promotores.

Da respuesta a las siguientes preguntas:

– ¿Quién debe pagar las obras de urbanización? (calles, alcantarillado, agua, electricidad, conexiones a redes existentes)

– ¿En qué plazos deben ejecutarse esas obras y bajo qué condiciones para asegurar que los futuros habitantes pueden contar con servicios de calidad al instalarse?

– ¿Cómo se consigue que los ciudadanos dispongan de parques y equipamientos?

– ¿Cómo se garantizan en estos procesos tanto el interés público como los de los diferentes propietarios?

La ejecución o la gestión del planeamiento urbanístico se efectúa mediante cualquiera de los sistemas de actuación urbanística siguientes:

  1. De reparcelación: Tiene por objeto repartir equitativamente los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, o regularizar la configuración de las fincas y situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación, de acuerdo con el planeamiento urbanístico.

El sistema de reparcelación a que se refiere el apartado 1.a incluye las modalidades siguientes:

  • De compensación básica.
  • De compensación por concertación.

En el sistema de compensación corresponde a los propietarios, agrupados en una Junta de Compensación, ejecutar las obras bajo el control de la Administración Pública, compensándose entre ellos los gastos y las ganancias (cargas y beneficios).

  • De cooperación.

El sistema de cooperación consiste en que las obras las ejecuta la administración pública repercutiendo su coste a los propietarios.

  • Por sectores de urbanización prioritaria.
  1. De expropiación: La Administración expropia a los propietarios y, en su nueva condición de propietaria, ejecuta las obras.

La redacción de proyectos de reparcelación y nuestro asesoramiento en la gestión de las Juntas de Compensación y de otras Entidades urbanísticas colaboradoras constituyen algunos de los aspectos más destacados de nuestra actuación profesional en este ámbito. 

Disciplina urbanística

La potestad de protección de la legalidad urbanística es de ejercicio preceptivo.

El ejercicio de esta potestad da lugar a la instrucción y la resolución de un procedimiento o de más de uno que tienen por objeto, conjuntamente o separadamente, la adopción de las medidas siguientes:

  1. La restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado.
  2. La imposición de sanciones.
  3. La determinación de los daños y los perjuicios causados.

La adopción de medidas administrativas para restablecer la legalidad urbanística, la emisión de órdenes de ejecución de obras y la imposición de sanciones constituyen algunas de las actuaciones más frecuentes frente a las cuales se hace necesaria la intervención de un despacho profesional.

 

2. Licencias y autorizaciones administrativas

Es objeto de la licencia comprobar, por parte de la Administración Municipal, que la actividad de los administrados se adecua a la normativa urbanística. Para ello, las solicitudes de licencia urbanística deberán ir acompañadas del correspondiente Proyecto Técnico.

Las licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos:

  • De parcelación. Se considera parcelación urbanística toda división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables.
  • La solicitud de licencia de parcelación urbanística deberá acompañarse de Proyecto, redactado por técnico competente, que incluya: Memoria justificativa de las razones de la parcelación y sus características en función de las determinaciones del Plan sobre el que se fundamente.
  • De obras ordinarias de urbanización. Los proyectos de obras ordinarias de urbanización se tramitarán y aprobarán de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística.

Una vez cumplimentadas las obligaciones derivadas de la aprobación definitiva y en especial la constitución de las garantías exigidas por la legislación urbanística, el Órgano Municipal competente autorizará el inicio de obras, con entrega al interesado de un ejemplar del Proyecto de Urbanización, debidamente diligenciado.

Notificada por el promotor su intención de iniciar las obras, se fijará día para la firma del Acta de comprobación del replanteo. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas.

  • De obras de edificación. Cuando se soliciten obras de nueva edificación o demolición, el promotor, constructor o solicitante de la licencia deberá afianzar la correcta ejecución de las obras en relación con los servicios públicos y la vía pública, mediante la constitución de garantías en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Es obligación del titular de la licencia comunicar la fecha del inicio de las obras.

En el grupo de obras en los edificios se distinguen los siguientes tipos:

    • Obras de restauración.
    • Obras de conservación.
    • Obras de consolidación.
    • Obras de rehabilitación de reestructuración puntual, parcial o general.
    • Obras exteriores.
    • De otras actuaciones urbanísticas. Bajo este título se regulan todas las licencias que tienen por objeto construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, no incluidos en los restantes capítulos.

Si las actuaciones hubiesen de localizarse sobre terrenos de dominio público, será requisito previo obtener la concesión o autorización pertinente.

  • De instalación de actividades. Están sujetas a licencia previa las actividades con o sin instalaciones que se implanten y desarrollen en el término municipal, así como las ampliaciones y modificaciones substanciales que se realicen en las mismas. Se entiende como proyectos de instalación de actividades a aquellos documentos técnicos que, de acuerdo con lo regulado en el planeamiento y demás disposiciones municipales o supramunicipales vigentes, contienen con suficiente concreción las determinaciones necesarias para desarrollar un determinado uso o actividad, incluyendo las características de sus instalaciones, los efectos que produce sobre el medio ambiente, las medidas correctoras precisas para la corrección de los impactos, así como las obras en los edificios necesarias para la implantación del uso o actividad.
  • De primera ocupación. Están sujetas a licencia de primera ocupación o utilización, las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación y restauración general de los edificios con uso residencial. Asimismo están sujetos a licencia de primera ocupación los edificios sin uso, categoría o clase definido en la licencia de obras o de edificación resultantes de obras de nueva edificación y reestructuración general y en los que se desarrollen actividades inocuas, sin perjuicio de la posterior licencia de actividad si procede.

Tiene por objeto acreditar que las obras e instalaciones han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y condiciones en que las licencias fueron concedidas y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las determinaciones urbanísticas de su destino específico.

Una vez finalizada la obra, se acreditará el cumplimiento de la condición a los efectos de la eficacia de la licencia de primera ocupación, presentándose a la Administración municipal certificación final de obras suscrita por el técnico director de las mismas, donde además se declare la conformidad de lo construido a la licencia en su día otorgada.

  • De funcionamiento. Con carácter previo a la apertura o puesta en marcha de los edificios y locales destinados a usos no residenciales o de las instalaciones sujetas a licencia de actividad, el titular de la misma deberá solicitar licencia de funcionamiento al Ayuntamiento.

La licencia de funcionamiento tiene por objeto constatar que las obras e instalaciones han sido ejecutadas de conformidad a las condiciones de las licencias de instalación de actividades, y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su destino específico.

La licencia de funcionamiento engloba, en su caso, la de primera ocupación de los edificios en los que se han implantado las actividades y/o instalaciones.

La licencia de funcionamiento o puesta en marcha se solicitará por los titulares de las licencias de instalación de actividades, con carácter previo al ejercicio de las mismas.

 

3. Expropiación forzosa

Por expropiación forzosa debe entenderse cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, por causa de utilidad pública o interés social, acordada imperativamente.

Está regulada por la Ley de 16 de diciembre de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, y sus consecuencias implican la obligación de ceder el terreno reclamado cuando el fin para el que vaya a emplearse se corresponde con los supuestos legales.

Ante un proceso de expropiación, la Administración debe seguir los pasos legales ineludibles que comienzan con la previa declaración de utilidad pública o de interés social del bien. Una vez autorizada la Administración para el ejercicio concreto de la actividad expropiatoria aparecen las etapas del procedimiento:

  • Necesidad de ocupación de los bienes o de la adquisición de derechos.
  • Determinación del ‘justo precio’ o ‘justiprecio’.
  • Pago y toma de posesión.

La expropiación forzosa por razones urbanísticas se puede aplicar en los supuestos siguientes:

  1. Como sistema de actuación para la ejecución del planeamiento urbanístico en el marco de un polígono de actuación urbanística o de un sector de planeamiento urbanístico derivado.
  2. Para la ejecución de los sistemas urbanísticos de carácter público.
  3. Para la constitución o la ampliación de patrimonios públicos de suelo y de vivienda, y para la adquisición de terrenos destinados a viviendas de protección pública, si lo determina el planeamiento.
  4. Por razón de la falta de participación de los propietarios o propietarias en el sistema de reparcelación.
  5. Por razón del incumplimiento de la función social de la propiedad, en los supuestos siguientes:
  • Que se cometan infracciones urbanísticas muy graves en materia de parcelación, de uso del suelo y de edificación.
  • Que se incumplan los plazos establecidos para ejecutar las obras de urbanización o para edificar los solares resultantes.
  • Que se incumplan los plazos que el planeamiento urbanístico establece para iniciar o para acabar la edificación de viviendas de protección pública.
  • Que los propietarios o propietarias de inmuebles no hagan las obras de adaptación que sean requeridas para la seguridad de las personas o las obras que sean determinadas por los planes, las normas o los proyectos de carácter histórico, arqueológico o artístico.
  • Que se incumplan los deberes que comportan las diversas modalidades del sistema de reparcelación.
  • Que se incumplan los deberes o las condiciones impuestos a los propietarios o propietarias en el supuesto de liberación de bienes de la expropiación.

La intervención de un despacho profesional se hace necesaria en las actuaciones expropiatorias propiamente dichas: determinación de los bienes y derechos afectados, fijación del justiprecio, conciliación y alegaciones, en su caso, ante los jurados de expropiación, así como la defensa ante la Jurisdicción contencioso-administrativa en el supuesto de ulterior impugnación de la indemnización fijada.

 

4. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados en toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

En concreto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración que se contienen en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución.

El primero de ellos establece que se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, mientras que en el artículo 106.2 del texto consagra definitivamente el principio de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones públicas por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; debiendo resaltarse, a la vista de este último precepto, y como acertadamente se declaró por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 febrero 1996, que el principio de responsabilidad patrimonial proclamado en él “conlleva un derecho de los llamados de configuración legal. Es decir, que no se trata de un derecho que derive directamente de la Constitución, sino que exige la interposición de una Ley, y es exigible, no en los términos abstractos reconocidos en la Constitución, sino en los términos concretos en que figure en la ley ordinaria que lo regule”.

 

5. Contratación administrativa

La Administración, como cualquier particular, necesita contratar con terceros determinados servicios para atender a sus necesidades de funcionamiento.

El creciente intervencionismo de la Administración provoca el incremento del número de necesidades a satisfacer y, con ello, la utilización generalizada de contratos con particulares para hacer frente a las mismas. Nace así la figura de los contratos administrativos, diferenciados de los contratos civiles en función del sujeto, del objeto y de la causa del contrato, con una regulación jurídica específica, determinada fundamentalmente por una doble exigencia:

  • Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la Administración, derivadas, entre otros motivos, de la necesidad de controlar el gasto público, así como garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.
  • Las peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés público a la hora de garantizar el buen fin del objeto contractual, y las que, a tal efecto, se derivan de la posición dominante de la Administración.

La adjudicación de un contrato administrativo recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto.

Las diferentes fórmulas de licitación tienen en común la publicidad de la contratación así como el secreto de las proposiciones. Todas ellas comprenden, por tanto, y salvo excepciones:

  • convocatoria pública.
  • un plazo para que los licitadores presenten sus proposiciones y demás documentos preceptivos.
  • un acto solemne y público de apertura de las plicas presentadas por los licitadores.

Nuestro despacho profesional presta, en materia de contratación administrativa, amplias funciones de asesoramiento jurídico, tanto a las diferentes Administraciones Públicas (desde la elaboración de dictámenes sobre la naturaleza de determinados contratos o los elementos que los caracterizan, elaboración de pliego de bases de contratación, criterios de selección del contratista, resolución de incidencias contractuales, etc.), como a los particulares que quieren concurrir a las licitaciones públicas o que, ya adjudicadas, tienen alguna controversia con la Administración Pública.

 

6. Subvenciones públicas

La concesión de ayudas o de subvenciones es la principal o más importante de las actividades de fomento que desarrollan todas las administraciones públicas. En este sentido, entendemos que las subvenciones son una vertiente del gasto público, cuya regulación se integra dentro de la hacienda, pero con matices diferenciados que han llevado a considerar la actividad subvencional como un área con rasgos propios de la gestión administrativa.

Por subvención se entiende cualquier disposición gratuita de fondos públicos y, en general, de cualquier recurso público evaluable económicamente, realizada por la Administración a favor de una persona física o jurídica, pública o privada, que se afecta a la realización de una actividad de utilidad pública o de interés social, o a la consecución de una finalidad pública.

Nuestro despacho ofrece su asesoramiento a las Administraciones en el diseño y aplicación de los procedimientos y bases para el otorgamiento de subvenciones. Nuestros abogados también asesoran y defienden a sus clientes en tanto que solicitantes o beneficiarios de subvenciones públicas.

 

7. Recurso contencioso-administrativo

El recurso contencioso-administrativo se puede interponer contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Representación del recurso contencioso:

Ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será este a quien se notifiquen las actuaciones.

Ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidos por Abogado.

Podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

Plazo para interponer el recurso contencioso:

  1. Actos expresos: Dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición administrativa impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
  2. Actos presuntos: Seis meses que se contará para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto administrativo

Si el recurso se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el art. 30 (En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.) Si no hubiere requerimiento, el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

El plazo del recurso contencioso-administrativo, se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

 

8. Recursos administrativos

  • Recurso de alzada:

Las resoluciones y los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, pudiendo fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad.

Ponen fin a la vía administrativa:

  1. Las resoluciones de los recursos de Alzada.
  2. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación que, de acuerdo con las Leyes, puedan sustituir al recurso de Alzada.
  3. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
  4. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
  5. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

El plazo para la interposición del recurso será de 1 mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará a partir del día siguiente a aquel, en que, de acuerdo con su normativa específica se produzcan los efectos del silencio administrativo.

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

El plazo máximo para resolver y noticiar será de 3 meses. La falta de resolución en plazo producirá efectos desestimatorios, no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

El recurso se podrá presentar en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo, dirigido al superior jerárquico del órgano autor del acto recurrido.

Requisitos para interponer el recurso de Alzada:

  1. Que se interponga contra resoluciones y actos de trámite que no pongan fin a la vía administrativa.
  2. Que se interponga en el plazo legalmente establecido
  • Recurso potestativo de reposición:

Se pueden recurrir las resoluciones y los actos de trámite, que pongan fin a la vía administrativa, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, pudiendo fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad.

No obstante se advierte que, dado el carácter potestativo de este recurso, usted podrá impugnar estos actos directamente mediante recurso contencioso administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Ahora bien, si se ha interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 1 mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará a partir del día siguiente a aquél, en que, de acuerdo con su normativa específica se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo.

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna. El recurso se podrá presentar en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo.

Requisitos del recurso de reposición:

  1. Que se interponga contra resoluciones y actos de trámite que pongan fin a la vía administrativa.
  2. Que se interponga en el plazo legalmente establecido.
  • Recurso de revisión:

Se pueden recurrir los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  • Que al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El recurso se deberá interponer dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la resolución impugnada, cuando se hubiere incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna. El recurso se podrá presentar en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo.

Requisitos del recurso de revisión:

  1. Que se recurra un acto firme en vía administrativa.
  2. Que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
  • Que al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
  1. Que se interponga dentro de los plazos legalmente establecidos.

Modelo de recurso administrativo:

RECURSO …………………………

AL ORGANO COMPETENTE AL QUE SE DIRIGE LA PETICION.

D./Dª. ………………, mayor de edad, con N.I.F. …., con domicilio en la calle ……, nº ……., piso ……., en ……., provincia de ……., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho propio y en condición de interesado en el procedimiento que se tramita en el expediente administrativo número ………., comparezco y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que mediante resolución de fecha ….. de ……. de ….., notificada el siguiente día …. de ……., dictada por el órgano administrativo …………, se acuerda …………….

Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO ……………….., en tiempo y forma, contra dicha resolución, y de conformidad con lo establecido en el artículo ….. y concordantes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, con base en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- ……………….

SEGUNDA.- ……………….

(Alguna de las causas de nulidad o anulabilidad establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán el fundamento del recurso).

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO A VE, VI o UD:

Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, acuerde tener por interpuesto RECURSO ……………………… contra resolución de fecha …. de ……. de ….., dictada por el órgano administrativo ………., por la que ……………, y declare la nulidad (o anulabilidad) de la misma.

OTROSI DIGO:

Que, la ejecución de la resolución impugnada podría causar al que suscribe daños de imposible o difícil reparación dado que ……………………, por ello interesa solicitar la suspensión de la ejecución impugnada._

SUPLICO A VE, VI o UD:

Que tenga por realizada la anterior manifestación, y en su virtud, acuerde decretar la suspensión solicitada._

Por ser de justicia que pido en …….., a ….. de …… de …..